Ecuador fija tabla para el porte y consumo de drogas

La Constitución de 2008 dejó de criminalizar la tenencia y consumo de droga, pero faltaba establecer qué cantidades podía tener en su poder una persona para no ser considerado un delito, lo cual fue resuelto por el Consejo Directivo del Consep.

Facsímil de la resolución del Consejo Directivo del Consep que fija la tabla de cantidades máximas admisibles para tenencia y consumo.

Facsímil de la resolución del Consejo Directivo del Consep que fija la tabla de cantidades máximas admisibles para tenencia y consumo.

Redacción Justicia

Mediante resolución, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) acogió el informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece  la tabla de cantidades máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona en Ecuador.

Así consta en el documento firmado el 21 de mayo pasado por el procurador general, Diego García, quien preside el  Consejo Directivo del Consep, y el secretario ejecutivo del organismo, Rodrigo Vélez.

La resolución acoge el análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros sobre tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para consumo, y la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal, elaborado y planteado por el MSP. (ver facsímil ampliado)

En ese sentido, fija que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar la  cantidad de alguna de las siguientes drogas:  10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0.015 de MDA-N.etil-a meta-3.4-metilendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3.4-metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas.

La resolución con la tabla respectiva incluye que el siguiente paso es poner, inmediatamente, en conocimiento de la Función Judicial el estudio del MSP, a fin de dotar de elementos de análisis y guiar su accionar para el cumplimiento de la norma constitucional de no criminalización del consumo.

En ese sentido, el artículo 364 de la Constitución ecuatoriana de 2008 estipula: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”. Y va más allá al señalar en el segundo inciso: “En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos humanos”.

Felipe Ogaz, fundador y directivo de la Organización Diabluma, recordó que ellos participaron en la inclusión en la Constitución del artículo 364, que descriminaliza a nivel declarativo el consumo de drogas, pero dice que para lograr una despenalización efectiva se requería  que la posesión de pequeñas cantidades y otros delitos no sean susceptibles de generar detenciones.

Consideró que esto no solo ayudará a bajar el hacinamiento en las cárceles, sino que impulsaría otras formas de seguridad ciudadana.

En la página web http://es.wikipedia.org se explica: “La descriminalización de las drogas aboga por una reducción del control y las multas respecto a la situación legal actual. Sus proponentes apoyan el uso de multas y otros castigos que reemplacen a la prisión y siempre que los usuarios no reciban un fichaje penal como resultado. Un tema central de la descriminalización de las drogas es la reducción del daño”.

Añade que la descriminalización es, en cierto modo, “una medida intermedia entre la prohibición y la legalización, y ha sido criticada también como la peor de las opciones al mantener la venta ilegal y, por  tanto, perpetuando los problemas asociados a la clandestinidad de la distribución y producción de drogas”.

En el caso de Ecuador, el consumo de droga ya estaba descriminalizado en la Constitución, pero faltaba fijar la tabla que complemente aquello, lo cual se lo hizo el 21 de mayo pasado. Sin embargo, para que la aplicación sea obligatoria para los jueces   se requiere incorporarlo en el proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que está en pleno debate en la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley original, que justamente establece la despenalización del consumo de drogas en cantidades mínimas, fue  remitido el 12 de octubre de 2011 por el Ministerio de Justicia, pero no fue aprobado en la Asamblea anterior. Sin embargo, la urgencia de la ley fue ratificada por el presidente Correa, para el actual período legislativo.

Finalmente, la resolución del Consejo Directivo del Consep dispone  “la incorporación dentro del nuevo Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2013-2017 de los resultados del análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal”. La resolución entró en vigencia tras su aprobación.

LA ESTRATEGIA HA FRACASADO

Adrián Bonilla, experto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en entrevista con  “El poder de la palabra” de ecuadorinmediato.com, afirmó que en América Latina hay suficientes estudios  que, entre otras cosas, prueban que la estrategia para combatir las drogas fundamentada en la prohibición ha fracasado. “No se ha reducido el consumo, los temas de salud pública siguen iguales”, dijo.

Aseguró que el hecho de regular el consumo de drogas afectaría a la economía del narcotráfico, ya que la rentabilidad viene dada por su condición de ilegalidad. Consideró que Ecuador está en capacidad de enfrentar este tema.

Fuente:Telegrafo

Flexibilización del acceso al cannabis como medicina no incrementó el consumo

“En EE.UU., 90 millones de personas viven en estados que permiten el uso medicinal de la droga”, afirmó Tamar Todd, una de las disertantes en la conferencia para aportar insumos científicos al debate sobre la legalización de la marihuana. El 26 de setiembre se realizó el primero de los cinco encuentros.. Dijo que de aprobarse la propuesta del P.E., Uruguay puede convertirse en modelo para el mundo.

Conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República

La primera conferencia de la Junta Nacional de la Droga (JND), en el Paraninfo de la Universidad de la República, estuvo a cargo de la abogada principal de la Oficina de Asuntos Legales de Drug Policy Alliance de los Estados Unidos, Tamar Todd. La disertante describió el modelo jurídico utilizado en diferentes regiones de ese país, sus semejanzas y peculiaridades, y la relación del consumidor con la sustancia desde un punto de vista normativo y sanitario.

Entre las recomendaciones más importantes, señaló que el diseño del sistema debe considerar la calidad de la salud pública y prevenir distorsiones. También destacó que debe incorporar al sentir público, la flexibilidad y la construcción de un plan piloto, el acceso al producto con un sentido justo, y un componente de educación pública para que la gente sepa qué es lo que está pasando y que a su vez tenga chance para participar. “Uruguay lo puede hacer mucho mejor, porque lo que se hizo en Estados Unidos fue de forma experimental y siempre pensando en no molestar las normas federales y ustedes aquí no tienen ese problema”, subrayó.

La expositora señaló que nuestro país “puede diseñar el sistema reflexionando que es una mejora en la salud pública”, y añadió que en California los despachos de la marihuana medicinal tienen recomendaciones para la salud y el consumo de la sustancia, a diferencia de lo que ocurre con los expendios ilegales. “Uruguay puede convertirse en un modelo para el mundo”, afirmó la abogada.

Todd aseguró que en Estados Unidos la ley federal no permite la posesión, el consumo, el cultivo ni la distribución de marihuana, pero el modelo adoptado por 17 estados federales de ese país trata a la marihuana como un medicamento, es decir, permite el consumo de la sustancia regulada por los médicos. El uso fuera de la prescripción médica no está amparado por ninguna ley.

Además de los 17 estados que controlan el consumo medicinal de marihuana, 15 estados dejaron de penalizar la posesión de pequeñas cantidades de la sustancia y tres estados comenzarán una discusión política para despenalizar el uso recreativo del cannabis sativa: Colorado, Oregon y Washington. Esto significa que 90 millones de personas viven en un lugar que permite el uso medicinal de la droga.

Un estadounidense necesita una recomendación médica para consumir cannabis. Todd explicó que si los médicos no la recetan significaría quebrar la ley federal.

Para la comercialización del medicamento se utilizan varios modelos. Por ejemplo, en el estado de Nuevo México centralizan la comercialización en un grupo pequeño de productores, se envían directamente a los pacientes con la cantidad prescripta de la sustancia, en el marco de la regulación del Departamento de Salud. En Colorado trabajan unos 700 productores y distribuidores que emplean a ocho mil trabajadores controlados por la misma agencia que regula el alcohol y el tabaco.

En el estado de California la regulación es más flexible y descentralizada, con distintas formas de acceder a la sustancia. Se estima que los productores pagan entre 700 millones de dólares y 1.300 millones de dólares al estado de California a través de los impuestos, sostuvo la disertante mientras mostraba fotografías de predios con plantaciones controladas.

Tres estudios académicos demuestran que el consumo de marihuana en los estados federales que permitieron el uso medicinal no aumentaron la prevalencia entre los más jóvenes, —Medical Marijuana Laws and Teen Marijuana Use por Mark Anderson; California Pediatrician de Seth Ammerman y Marijuana Use by Young People; The Impact of State Medical Marijuana Laws por Karen O’Keefe and Mitch Earlywine—. De hecho, los análisis de consumo entre los adolescentes señalan que el uso bajó en California, Washington y Maine.

En referencia a la opinión pública, Todd explicó que desde la década del 70 hasta nuestros días la opinión mayoritaria de los estadounidenses apoya la legalización del consumo de marihuana.

En esta primera conferencia también participaron: el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia; el rector de la UdelaR, Rodrigo Arocena; la decana de Ciencias Sociales, Susana Mallo; el abogado Diego Silva, el psicólogo Gabriel Eira y el médico Gustavo Tamosiunas, representando a las facultades de Derecho, Psicología y Medicina.

Fuente: la red 21